El Ministerio de Defensa se niega a desclasificar 10.000 documentos sobre episodios que sucedieron entre 1936 y 1968
El ministerio de Defensa ha frenado en seco la iniciativa de desclasificar 10.000 documentos que se refieren a hechos que sucedieron entre 1936 y 1968. En esos papeles hay información, por ejemplo, sobre las peripecias que corrieron las unidades militares durante la Guerra Civil o sobre las estrategias de represión de la dictadura franquista. Se pueden conocer también las ayudas del régimen a las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial o los movimientos en la guerra de Sidi Ifni a finales de los cincuenta. Por haber, hay incluso material que recoge las actividades de Radio España Independiente, La Pirenaica, aquella emisora clandestina que pretendía contar lo que sucedía en la España opaca de Franco y que puso en marcha el Partido Comunista en Moscú en 1941, que luego se trasladó a Bashkiria y que terminó instalándose en Rumanía, donde trabajó unos de los padres de la Constitución de 1978, Jordi Solé Tura.
Más vale que no se sepa nada, que no se hurgue, que no se investigue, que nada trascienda ni se comente. Para conseguirlo están las murallas burocráticas y la mayor autoridad en este asunto, el ministro Pedro Morenés, que ha dicho que no. Hay una ley de 1968, la de Secretos Oficiales, que impide (para siempre) que se consulten esos asuntos salvo orden expresa del Gobierno.
A esa ley debe atenerse el ministro. Evidentemente, si existiera en alguno de esos documentos información que pusiera al Estado en peligro o que generara tensiones en la escena internacional, que siga permaneciendo mudo. Pero una comparación con países del mundo occidental confirma que tanta prevención carece de sentido: los historiadores británicos pueden conocer todos los detalles de la guerra de las Malvinas (1982) y un escritor como Chistopher Hitchens pudo husmear en los documentos desclasificados en Estados Unidos para su Juicio a Kissinger, un devastador repaso al catálogo de asesinatos y tramas secretas que hubo durante su gestión.
Nada grave ocurrió en ninguno de esos casos (y en tantos otros) tras levantar el secreto, y los historiadores hicieron su trabajo y los ciudadanos supieron lo que pasó. Aquí no. Morenés debe explicar si mantiene los obstáculos por miedo o ignorancia. O, tal vez, porque la iniciativa de desclasificarlos fue del Gobierno anterior.
Texto completo: http://elpais.com/elpais/2013/05/11/opi ... 14727.htmlMás vale que no se sepa nada, que no se hurgue, que no se investigue, que nada trascienda ni se comente. Para conseguirlo están las murallas burocráticas y la mayor autoridad en este asunto, el ministro Pedro Morenés, que ha dicho que no. Hay una ley de 1968, la de Secretos Oficiales, que impide (para siempre) que se consulten esos asuntos salvo orden expresa del Gobierno.
A esa ley debe atenerse el ministro. Evidentemente, si existiera en alguno de esos documentos información que pusiera al Estado en peligro o que generara tensiones en la escena internacional, que siga permaneciendo mudo. Pero una comparación con países del mundo occidental confirma que tanta prevención carece de sentido: los historiadores británicos pueden conocer todos los detalles de la guerra de las Malvinas (1982) y un escritor como Chistopher Hitchens pudo husmear en los documentos desclasificados en Estados Unidos para su Juicio a Kissinger, un devastador repaso al catálogo de asesinatos y tramas secretas que hubo durante su gestión.
Nada grave ocurrió en ninguno de esos casos (y en tantos otros) tras levantar el secreto, y los historiadores hicieron su trabajo y los ciudadanos supieron lo que pasó. Aquí no. Morenés debe explicar si mantiene los obstáculos por miedo o ignorancia. O, tal vez, porque la iniciativa de desclasificarlos fue del Gobierno anterior.
