El ministro de Justicia de Alemania, Heiko Maas, al presentar el informe en la ciudad de Berlín
Los datos surgen del estudio bautizado “El Acta Rosenburg”, que la propia cartera de Justicia encargó a expertos independientes hace cuatro años y que el ministro Heiko Maas (socialdemócrata) presentó ayer en Berlín. Según el informe, casi ocho de cada diez altos funcionarios del ministerio de Justicia de la Alemania Occidental eran en 1957 antiguos nazis, una proporción mucho más alta de lo que se suponía hasta ahora.
“La cantidad de ex miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) no bajó después de la guerra como se suponía, sino que aumentó en los años 50”, explicó Christoph Safferling, uno de los directores del estudio, al diario Süddeutsche Zeitung. El informe asegura que el 77% de los directivos de la administración judicial de 1957 habían sido miembros del NSDAP. Después, ese número comenzó a bajar pero muy lentamente, provocando entre otras cosas que la justicia llegara muy tarde, o nunca, a procesar los crímenes del nazismo.
“El acta Rosenburg” (por el edificio que albergaba al Ministerio de Justicia en la posguerra en Bonn) menciona algunos casos notorios, como el de Franz Massfeller, responsable en 1945 del “derecho de Raza y de Familia” en el mMnisterio de Justicia del Reich. El funcionario hitleriano participó incluso en las reuniones en las que se planificó la aplicación de lo decidido en la Conferencia de Wannsee, es decir, la “solución final sobre los judíos”, el genocidio nazi. Massfeller fue hasta 1960 consejero del Ministerio y jefe del departamento de Derecho de Familia. Otro caso increíble es el de Max Merten, quien entre 1942 y 1945 había sido director del ente “Administración y Economía”, encargado de saquear y deportar a más de 50 mil judíos de Tesalónica, Grecia. Esto no impidió que en 1952 fuera “jefe de ejecuciones judiciales” del Ministerio de Bonn.
“La continuidad de este personal afectó y demoró el nuevo comienzo democrático”, destacó el ministro de Justicia Heiko Maas ayer, en Berlín. Desde 1950, el Ministerio tenía incluso un “departamento central de asistencia judicial” que apoyaba a los alemanes denunciados ante tribunales extranjeros por crímenes de guerra o crímenes nazi. Este departamento fue trasladado al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1953.
Si bien en prácticamente todas las oficinas de la burocracia alemana de la posguerra se priorizó el reconstruir rápidamente el aparato del Estado y hacer frente al bloque comunista, muchas veces pasando por alto el pasado de los cuadros, sorprendió la dimensión de la presencia de ex nazis justamente en un ministerio clave como el de Justicia. Los investigadores estudiaron los datos de 170 directivos de Justicia nacidos antes de 1929 y en servicio entre 1949 y 1970. Y encontraron que 90 de ellos tenían “una biografía nazi” con participación activa en la aplicación de políticas criminales: 34 de ellos habían incluso sido miembros de las milicias de asalto SA, el primer grupo militarizado del NSDAP.
El historiador Manfred Görtemaker y el jurista Christoph Safferling destacaron ayer que esto tuvo consecuencias decisivas en la política de posguerra en la Alemania Occidental. Por ejemplo, durante mucho tiempo se mantuvo la categorización de la homosexualidad como delito y también se reintrodujo parte de la legislación penal (que los aliados habían eliminado) para poder investigar a miles de comunistas. Incluso en 1968, en plena efervescencia de las protestas estudiantiles, el funcionario judicial Eduard Dreher logró que los crímenes nazis prescribieran a los 15 años, en vez de 20 como hasta entonces. Con 592 páginas,”el Acta Rosenburg” constituye un libro que se presentará en la próxima Feria de Fráncfort este mes.
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