Este martes, en la Cámara de Representantes, se votará en último debate el proyecto de ley que penaliza prácticas de racismo y discriminación en Colombia.
Las organizaciones neonazis que justifican prácticas de genocidio y persecución racial, como el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, quedarán en la ilegalidad en Colombia con la aprobación del proyecto que penaliza cualquier expresión o práctica de discriminación.
La iniciativa parlamentaria será votada este martes en la Cámara de Representantes. El último debate de la iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, fue aplazado la semana pasada para reformar el articulado con fines de mayor precisión. Por eso, se creó una comisión para conciliar el texto definitivo, dijo a Semana.com Gloria Stella Díaz, representante a la Cámara y coautora del proyecto.
En el trámite de la medida se amplió el espectro de su alcance, pues originalmente sólo contemplaba la discriminación racial, y ahora castigará a toda aquella que se origine por motivos de raza, religión, ideología, género, orientación sexual u origen nacional, étnico o cultural.
La iniciativa estipula penalizar con prisión de 12 a 36 meses, y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes incurran en actos discriminatorios. Adicionalmente, se determina castigar hasta con 15 años de cárcel conductas de “apología al genocidio”.
La norma expresa que “el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio, o de alguna forma lo justifiquen, ya sea apoyando o negando un genocidio cometido en cualquier época o lugar, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses”.
De esta forma se ilegalizarían organizaciones neonazis que justifican prácticas de genocidio y persecución racial, como el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Algunas de ellas realizan con cierta frecuencia manifestaciones públicas, en las que expresan su simpatía con el nacionalsocialismo alemán y el falangismo español.
“Cuando hay circunstancias de agravación punitiva, las penas se incrementan”, declaró Díaz. Por ejemplo, cuando la conducta se realiza a través de los medios de comunicación, se atenta contra la niñez o el responsable es un funcionario, entre otras.
Alfonso Prada Gil, representante por Bogotá del Partido Verde, es el ponente del proyecto, y su autoría corresponde al senador Carlos Baena y a la representante Gloria Stella Díaz, del movimiento MIRA. Prada ha reiterado que la medida está en concordancia con “el postulado constitucional de la condición de igualdad de todos los seres humanos, estipulada en el artículo 13 de la Carta Magna”.
Algunos parlamentarios mostraron sus reservas sobre el proyecto, como el representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, y legisladores de la bancada del Partido de la U. Arguyen ambigüedad y falta de claridad de algunas expresiones del articulado, como el concepto de “arbitrariedad”. Por esta razón, la votación de la norma fue postergada una semana.
“Esperamos que con los cambios introducidos el proyecto se apruebe. Además, el presidente está apoyando plenamente la medida”, sostuvo Gloria Stella Díaz a Semana.com.
Por su parte, el Polo Democrático Alternativo expresó su pleno apoyo al proyecto y resaltó su importancia, en particular por castigar la persecución que a criterio de sus voceros sufren los partidos de izquierda en el país. Hugo Velásquez, representante liberal, resaltó la pertinencia de la iniciativa y agregó que ésta hace parte de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos.
Fuente: Semana.comLa iniciativa parlamentaria será votada este martes en la Cámara de Representantes. El último debate de la iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, fue aplazado la semana pasada para reformar el articulado con fines de mayor precisión. Por eso, se creó una comisión para conciliar el texto definitivo, dijo a Semana.com Gloria Stella Díaz, representante a la Cámara y coautora del proyecto.
En el trámite de la medida se amplió el espectro de su alcance, pues originalmente sólo contemplaba la discriminación racial, y ahora castigará a toda aquella que se origine por motivos de raza, religión, ideología, género, orientación sexual u origen nacional, étnico o cultural.
La iniciativa estipula penalizar con prisión de 12 a 36 meses, y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes incurran en actos discriminatorios. Adicionalmente, se determina castigar hasta con 15 años de cárcel conductas de “apología al genocidio”.
La norma expresa que “el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio, o de alguna forma lo justifiquen, ya sea apoyando o negando un genocidio cometido en cualquier época o lugar, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses”.
De esta forma se ilegalizarían organizaciones neonazis que justifican prácticas de genocidio y persecución racial, como el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Algunas de ellas realizan con cierta frecuencia manifestaciones públicas, en las que expresan su simpatía con el nacionalsocialismo alemán y el falangismo español.
“Cuando hay circunstancias de agravación punitiva, las penas se incrementan”, declaró Díaz. Por ejemplo, cuando la conducta se realiza a través de los medios de comunicación, se atenta contra la niñez o el responsable es un funcionario, entre otras.
Alfonso Prada Gil, representante por Bogotá del Partido Verde, es el ponente del proyecto, y su autoría corresponde al senador Carlos Baena y a la representante Gloria Stella Díaz, del movimiento MIRA. Prada ha reiterado que la medida está en concordancia con “el postulado constitucional de la condición de igualdad de todos los seres humanos, estipulada en el artículo 13 de la Carta Magna”.
Algunos parlamentarios mostraron sus reservas sobre el proyecto, como el representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, y legisladores de la bancada del Partido de la U. Arguyen ambigüedad y falta de claridad de algunas expresiones del articulado, como el concepto de “arbitrariedad”. Por esta razón, la votación de la norma fue postergada una semana.
“Esperamos que con los cambios introducidos el proyecto se apruebe. Además, el presidente está apoyando plenamente la medida”, sostuvo Gloria Stella Díaz a Semana.com.
Por su parte, el Polo Democrático Alternativo expresó su pleno apoyo al proyecto y resaltó su importancia, en particular por castigar la persecución que a criterio de sus voceros sufren los partidos de izquierda en el país. Hugo Velásquez, representante liberal, resaltó la pertinencia de la iniciativa y agregó que ésta hace parte de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos.
