El centro que persigue los crímenes nazis lanza una investigación para castigar a 50 nonagenarios, guardas del campo de exterminio, como cómplices del Holocausto
Kurt Schrimm, responsable de la Oficina de Investigación de los Crímenes nazis, en el archivo de la institución
Comienza una de las últimas ofensivas legales para castigar a los cómplices impunes del Holocausto. Casi setenta años después de la capitulación incondicional de la Alemania nazi, la Central para el Esclarecimiento de los Crímenes Nacionalsocialistas, con sede en Ludwigsburg, ha anunciado esta semana que investiga a 50 antiguos guardias del campo de concentración y exterminio de Auschwitz para llevarlos ante la justicia. Se trata de nonagenarios, en buena parte antiguos miembros de alguna unidad de la organización paramilitar nazi SS, que vigilaron a los presos en Auschwitz. Allí murieron asesinadas alrededor de 1,3 millones de personas, la mayoría judías, durante la II Guerra Mundial. Además de estas cincuenta acusaciones relacionadas con Auschwitz, los investigadores de Ludwigsburg rastrean criminales de los campos de la muerte de Sobibor y Belzec. También tienen pistas de miembros de los llamados einsatzgruppen, los escuadrones paramilitares encargados de asesinar judíos, gitanos, partisanos, enfermos mentales y demás “indeseables” o “asociales” en la retaguardia de los vastos territorios ocupados por Alemania.
La persecución anunciada esta semana será posible gracias a la jurisprudencia del juicio al guardia de Sobibor John Demjanjuk, en 2011. Un tribunal de Múnich lo consideró culpable de complicidad en casi 30.000 asesinatos y lo sentenció a cinco años de cárcel. El juez consideró probado que Demjanjuk fue trawniki entre marzo y septiembre de 1943: uno de los prisioneros de guerra soviéticos que colaboraron con la SS como guardias voluntarios en sus campos de exterminio. Su trabajo se limitaba a sacar a los judíos recién llegados de los vagones de ganado o conducirlos poco después a las cámaras de gas. Sobibor, como Belzec y Treblinka, era poco más que un matadero donde los nazis asesinaron a entre 150.000 y 250.000 personas. El juez de Múnich vinculó el trabajo voluntario del ucraniano de nacimiento y antiguo ciudadano estadounidense Demjanjuk con todos los asesinatos perpetrados durante los meses que pasó en Sobibor.
Según el fiscal Kurt Schrimm, la central de Ludwigsburg ha ampliado por eso su radio de acción contra los veteranos de la maquinaria nazi. “Hasta ahora”, reconoce, “los vigilantes del campo no habían interesado demasiado” a los fiscales. Pero la sentencia contra Demjanjuk pone una nueva herramienta legal en manos del ministerio público, puesto que ya no es necesario probar la implicación en delitos concretos.
Las pruebas de que los sospechosos fueron vigilantes en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, la gran fábrica del exterminio industrial construida por los alemanes en la Polonia ocupada, bastarían para presentar cargos por complicidad en aquellos asesinatos.
En la central de Ludwigsburg esperan enviar la documentación de estos cincuenta nuevos sospechosos a las Fiscalías competentes en cada caso. Éstas estudiarán de nuevo los informes y decidirán si presentan cargos concretos. El director del Centro Simon Wiesenthal en Israel, Efraim Zuroff, celebró el nuevo paso “aunque no salgan adelante todas las acusaciones”. Zuroff se dice “realista” y asegura que “bastaría con que se presenten cargos formales contra cinco o diez de ellos para que yo me pusiera a gritar aleluyas por el centro de Berlín”.
El Código Penal alemán contemplaba hasta finales de los 60 un plazo de 20 años para la prescripción de los delitos de asesinato. Para evitar que los crímenes nazis quedaran definitivamente impunes con el vigésimo aniversario de la fundación de la República Federal en 1949, los legisladores anularon la prescripción de los delitos de genocidio tras una serie de señalados debates en el Parlamento (Bundestag) de Bonn. Diez años más tarde eliminaron la prescripción de cualquier delito de asesinato.
Schrimm ha explicado que “no se trata de poner ancianos nonagenarios entre rejas”, sino de “ofrecer justicia a las víctimas”. 50 años después del primero de los llamados Procesos de Auschwitz en Frankfurt, los fiscales impulsan esta nueva serie de pesquisas mientras buscan la colaboración con las autoridades de otros países, en particular los suramericanos. Muchos nazis huyeron a América para eludir a la Justicia tras la derrota de Alemania en la II Guerra Mundial. Según contó esta semana el fiscal al diario Süddeutsche Zeitung, “la colaboración con Brasil es prometedora”.
Fuente de la noticiaLa persecución anunciada esta semana será posible gracias a la jurisprudencia del juicio al guardia de Sobibor John Demjanjuk, en 2011. Un tribunal de Múnich lo consideró culpable de complicidad en casi 30.000 asesinatos y lo sentenció a cinco años de cárcel. El juez consideró probado que Demjanjuk fue trawniki entre marzo y septiembre de 1943: uno de los prisioneros de guerra soviéticos que colaboraron con la SS como guardias voluntarios en sus campos de exterminio. Su trabajo se limitaba a sacar a los judíos recién llegados de los vagones de ganado o conducirlos poco después a las cámaras de gas. Sobibor, como Belzec y Treblinka, era poco más que un matadero donde los nazis asesinaron a entre 150.000 y 250.000 personas. El juez de Múnich vinculó el trabajo voluntario del ucraniano de nacimiento y antiguo ciudadano estadounidense Demjanjuk con todos los asesinatos perpetrados durante los meses que pasó en Sobibor.
Según el fiscal Kurt Schrimm, la central de Ludwigsburg ha ampliado por eso su radio de acción contra los veteranos de la maquinaria nazi. “Hasta ahora”, reconoce, “los vigilantes del campo no habían interesado demasiado” a los fiscales. Pero la sentencia contra Demjanjuk pone una nueva herramienta legal en manos del ministerio público, puesto que ya no es necesario probar la implicación en delitos concretos.
Las pruebas de que los sospechosos fueron vigilantes en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, la gran fábrica del exterminio industrial construida por los alemanes en la Polonia ocupada, bastarían para presentar cargos por complicidad en aquellos asesinatos.
En la central de Ludwigsburg esperan enviar la documentación de estos cincuenta nuevos sospechosos a las Fiscalías competentes en cada caso. Éstas estudiarán de nuevo los informes y decidirán si presentan cargos concretos. El director del Centro Simon Wiesenthal en Israel, Efraim Zuroff, celebró el nuevo paso “aunque no salgan adelante todas las acusaciones”. Zuroff se dice “realista” y asegura que “bastaría con que se presenten cargos formales contra cinco o diez de ellos para que yo me pusiera a gritar aleluyas por el centro de Berlín”.
El Código Penal alemán contemplaba hasta finales de los 60 un plazo de 20 años para la prescripción de los delitos de asesinato. Para evitar que los crímenes nazis quedaran definitivamente impunes con el vigésimo aniversario de la fundación de la República Federal en 1949, los legisladores anularon la prescripción de los delitos de genocidio tras una serie de señalados debates en el Parlamento (Bundestag) de Bonn. Diez años más tarde eliminaron la prescripción de cualquier delito de asesinato.
Schrimm ha explicado que “no se trata de poner ancianos nonagenarios entre rejas”, sino de “ofrecer justicia a las víctimas”. 50 años después del primero de los llamados Procesos de Auschwitz en Frankfurt, los fiscales impulsan esta nueva serie de pesquisas mientras buscan la colaboración con las autoridades de otros países, en particular los suramericanos. Muchos nazis huyeron a América para eludir a la Justicia tras la derrota de Alemania en la II Guerra Mundial. Según contó esta semana el fiscal al diario Süddeutsche Zeitung, “la colaboración con Brasil es prometedora”.
